El Protocolo Interinstitucional contra la Explotación Sexual y Trata de Personas representa la guía básica para la intervención de la institucionalidad gubernamental y no gubernamental, estableciendo lineamientos rectores en cuanto a las formas de proveer los servicios adecuados que garanticen la recuperación física, psicológica y social de las víctimas del delito de trata de personas.

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